VALORES presenta alegaciones al Anteproyecto de Ley de Familia de Sánchez.

En Murcia a 27 de diciembre de 2022. El Presidente de Valores, Alfonso Galdón, ha registrado electrónicamente en el Ministerio de Derechos Sociales alegaciones al Anteproyecto de Ley de Familia del Gobierno de Pedro Sánchez a partir de los documentos generados por las Comisiones de Vida y de Familia de Valores, encabezadas por Juan Antonio Martínez y José Manuel Jiménez.

Las alegaciones han sido consensuadas en una reunión promovida por CONCAPA y Familias Numerosas de Madrid a la que asistieron más de cien organizaciones de familia de toda España y el presidente de Valores, candidato a la presidencia de la Región de Murcia, Alfonso Galdón, quien tomó la palabra y se puso a disposición de todos animando a la movilización en las calles y la importancia de no dar un paso atrás.

Las alegaciones presentadas van encaminadas a defender la patria potestad, a trasladar la indignación por la nueva definición jurídica de familia y la desaparición del término Familia Numerosa, entre otras, que causan confusión al ciudadano y es un tratamiento injusto, que la ley iguale, en las mismas condiciones, a los matrimonios civiles con parejas de hecho y con los que son de un solo progenitor.

Para José Manuel Jiménez, vicesecretario nacional de Familia de Valores: “la nueva Ley de Familia pretende igualar en derechos familiares a un colectivo concreto sin valorar la repercusiones sobre los niños, no es oportuno ni lógico. Consideramos inapropiada esta Ley que no corresponde con la institución familiar ni con la finalidad que tiene la familia, que es la transmisión de la vida (garantía de futuro) la educación e integración social (futuro de la sociedad), la prevención de salud personal y social (colchón de amortiguamiento ante las crisis) o el cuidado de los abuelos y nietos (solidaridad intergeneracional).

De otra parte, Juan Antonio Martínez, vicesecretario nacional de Vida, ha recordado que la nueva ley del aborto, que está preparando la ministra Montero, supone una merma al derecho médico a la objeción de conciencia al imponer la creación de listas negras de médicos objetores y recuerda al Gobierno de Pedro Sánchez que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, incluida la del nasciturus, como dice el artículo 15 de la Constitución Española. Además lanza una pregunta al Tribunal Constitucional: “¿Cómo es posible que lleven más de doce años de silencio sin pronunciarse sobre este asunto? ¿Qué o quiénes están impidiendo que el TC cumpla con sus deberes constitucionales? ¿Existe en España la separación de poderes? “

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