El PP exige el desbloqueo inmediato de la Comisión de Urbanismo en la que el actual alcalde tiene que explicar la condena judicial de 750.000€ por un convenio urbanístico de planeamiento

• El PSOE impide la reunión en la que Mateos tendrá que dar cuentas de este varapalo de los tribunales, que obliga al actual gobierno local a devolver 547.870€ de un convenio urbanístico, más 6.000€ en costas y otros 200.000€ por intereses de demora.

• Rosa Mª Medina: “no se pueden seguir escondiendo ante lo que está pasando. Hace un mes se comprometieron a comparecer ante esta Comisión y ahora intentan que la gente se olvide. La sentencia exige que asuman responsabilidades políticas”.

21 diciembre, 2022.- La secretaria general del Partido Popular de Lorca y Portavoz Adjunta en el Ayuntamiento, Rosa María Medina, ha exigido el desbloqueo de la Comisión Municipal de Urbanismo en la que el alcalde del PSOE tendrá que comparecer para ofrecer explicaciones detalladas sobre los motivos que han provocado que los tribunales de justicia, en concreto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 5 de Murcia y la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, hayan condenado a nuestro Ayuntamiento a pagar más de 750.000€ a los promotores de un convenio de planeamiento, aprobado en solitario por los socialistas en el año 2005.

            Hace un mes que dijeron, literalmente, que iban a convocar la reunión de esta Comisión “en breve”. Pasan las semanas y esa supuesta brevedad ha caducado, por tanto, esta misma mañana hemos presentado por vía oficial un requerimiento en el que exigimos esta reunión con carácter urgente. Los lorquinos tienen que saber lo que está pasando, ya que esta condena es la primera que recibe el Ayuntamiento por un convenio incluido en el Plan General. No estamos hablando ya de los convenios que también aprobó el PSOE en solitario fuera del Plan General, popularmente conocidos como “convenios trampa”. Hemos de recordar que las condenas acumuladas por estos últimos obligaron a los lorquinos a pagar más de 15 millones de euros.

            Esta condena por un convenio de planeamiento abre un escenario de preocupación, ya que existen casi 90 contenidos en el planeamiento municipal. El impacto económico de esta condena judicial exige que se puedan analizar con luz y taquígrafos los detalles que rodean el caso, que abriría un nuevo escenario de posibles reclamaciones, obligando a devolver millones de euros.

            No es sólo que esta condena judicial no vaya a cerrar los procesos contra el Ayuntamiento por convenios urbanísticos, sino que puede tener un efecto dominó, porque es la primera vez que el Consistorio es condenado con sentencia firme a devolver el dinero de este tipo de convenios urbanísticos.  Entre otras cuestiones, el alcalde del PSOE tendrá que aclarar ante esta Comisión por qué ocultó deliberadamente a los miembros de la Corporación Municipal que esta condena confirma otra anterior de la que él tenía conocimiento desde julio de 2021.

            Pese a la gravedad y repercusiones que pueden derivarse de este juicio y la posterior sentencia, el actual alcalde no ha informado en ningún momento al resto de grupos de la Corporación Municipal de lo que estaba ocurriendo. El gobierno socialista está faltando a sus compromisos con el resto de la Corporación, a quien está obligado moral e institucionalmente a informar de las cuestiones que puedan representar una afección hacia nuestro Ayuntamiento.

            El juez basa su condena en que el ayuntamiento incumplió su obligación de conceder licencia a los promotores en un periodo de 6 meses tras solicitarla, es decir, antes de noviembre de 2006, compromiso que también figura en el resto de convenios de planeamiento.

            Hemos de recordar que el PP no aprobó este convenio en el pleno de 2005, y nuestro portavoz, Francisco Jódar, alertó de que estaban «haciendo un uso abusivo de los convenios urbanísticos», añadiendo que «su abuso supone efectos perniciosos y antisociales», y además anticipó que «surgirán dificultades para la aprobación de los oportunos planes parciales, lo cual puede generar dificultades para las próximas Corporaciones al encontrarse con procedimientos judiciales que pidan la devolución de las cantidades adelantadas».

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