El PP consigue que el Ayuntamiento de Lorca sea el primero de España en exigir el cambio de la Ley del Sí es Sí, logrando el respaldo de todos los grupos políticos

• Los populares también consiguen que el Consistorio lorquino exprese y traslade su apoyo institucional al colectivo judicial frente a la cascada de críticas lanzada desde el ejecutivo de Pedro Sánchez.

30 noviembre, 2022.- Una moción del Partido Popular presentada por su Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Lorca convierte a este Consistorio en el primer en exigir el cambio inmediato de la Ley del “Sí es sí”, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. Se trata de una iniciativa en la que el PP ha logrado el respaldo unánime de todos los partidos políticos con representación en el Consistorio, lo que constituye un manifiesto éxito dentro de la campaña institucional emprendida por los populares en contra de una Ley chapucera, temeraria e irresponsable, de la que se están beneficiando decenas de violadores y maltratadores, y que ha dejado totalmente desamparadas a sus víctimas.

                La concejal proponente de la iniciativa, Mari Huertas García, ha informado que de esta forma nuestro Ayuntamiento exige formalmente al gobierno de Pedro Sánchez modificar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘Solo Sí es Sí’, para evitar la situación de desprotección a las víctimas de este delito a la que está dando lugar. Estamos hablando de un avance decisivo que de verdad resulta útil para expresar el hartazgo de los ciudadanos frente a medidas torpes y negligente de un gobierno que ya tendría que haber rectificado.

                La moción del PP también ha conseguido que el Pleno reclame reforzar las medidas de coordinación interinstitucional y trabajo en red para garantizar la prevención y la atención personalizada, integral y adaptada a las necesidades de la mujer y de sus hijos, víctimas de violencia, así como continuar con el desarrollo de programas y campañas de sensibilización y concienciación a la población en general, y muy especialmente a la población juvenil, que incidan en el respeto, la solidaridad y la igualdad como valores esenciales para construir una sociedad libre de violencia.

                En la misma línea, la iniciativa popular ha reclamado al gobierno central que dote a las Comunidades Autónomas de un sistema tecnológico adecuado que garantice el correcto funcionamiento de las pulseras de control de los condenados por agresiones a sus parejas.

                Otro de los acuerdos que ha salido adelante dentro de esta iniciativa ha sido que el ayuntamiento de Lorca muestre su apoyo al Consejo General del Poder judicial, defiende su imparcialidad y buen hacer en el desempeño de sus funciones ante la cascada de críticas en su contra emprendidas por responsables del Gobierno de España.

El proyecto estrella de la ministra de Igualdad está demostrando ser un error histórico de graves consecuencias que desprotege a las víctimas y genera una inseguridad jurídica sin precedentes. A las pocas semanas de su entrada en vigor, condenados por abusos y agresiones sexuales están viendo reducidas sus penas e incluso saliendo en libertad. El Gobierno ha desprotegido precisamente a aquellos colectivos especialmente vulnerables que dijo defender: la mujer y la infancia.

                Desde el Partido Popular ya se advirtió de manera insistente de las deficiencias y errores “de bulto” que arrastraba esta ley, pero el PSOE decidió seguir adelante con su tramitación y aprobación. Por lo tanto, ese partido es hoy responsable de los perjuicios que ya está provocando a las víctimas y a la sociedad

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